Discrepancias éticas frente al paro de actividades de los funcionarios públicos del sector salud. Mª Jalile Escobar Abufon

La discrepancia en este tema radica, en principio, en la cuestión básica de si es éticamente aceptable el abandono ―gremialmente organizado o no― de las funciones en los Hospitales, sea mediante la paralización de actividades, una huelga, o a través de movilizaciones, como suelen denominarse actualmente estas acciones por los gremios ligados al Sector público.

Desde nuestra perspectiva de gremio ligado a la salud, no rechazamos la movilización de actividades, pero, vemos que son profundos los desacuerdos acerca de algunos problemas éticos subordinados, como, por ejemplo, el que dice relación con quién puede convocar a una movilización. Para nosotros, esta cuestión corresponde a las bases de nuestro gremio, pues, ¿qué motivos y circunstancias pueden autorizarla? Sin duda, disponemos de una infinidad de motivaciones reivindicativas del colectivo de funcionarios, entre ellas, situaciones de maltrato laboral. Por otra parte, también está la interrogante de cuál ha de ser la intensidad y duración de la movilización, o qué papel han de jugar las partes en litigio en la resolución o, preferiblemente, en la prevención de los conflictos.

La movilización de los funcionarios de la Salud pública, no nos parece ser el recurso ideal, y ni siquiera el más eficaz para resolver los conflictos, ya que pone en juego y hace peligrar la vida y la salud de los pacientes. Sin embargo, ante autoridades y autoritarismos vanos, que no escuchan y no resuelven las discrepancias con diálogo, estimamos que el paro o movilización es válido como medida de presión para obtener los objetivos y los resultados previstos.

Es por ello que, como gremio responsable e interesado en no llegar a medidas de fuerza, como es la movilización, nos hacemos cargo de invitar a los interesados, autoridades y trabajadores, pero también, y de modo muy importante, a los representantes de los pacientes, a no permanecer de “brazos cruzados” ante situaciones que les afectan de diferente modo, porque los mencionados participantes de una negociación están moralmente obligados a diseñar un sistema de arbitraje preventivo que, al asegurar las justas y razonables condiciones laborales para todos los funcionarios, haga innecesario el recurso a la movilización.

No debemos olvidar que, por ejemplo, el recurso a la paralización es un derecho humano fundamental y un logro de la justicia social; derecho suscrito y refrendado por el Estado de Chile en tratados internacionales1. Y así lo reconoce incluso el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre nosotros, es la Ley de Asociación Gremial la que confiere esa facultad a todos los trabajadores para que puedan defender sus intereses y sólo es limitada por la Ley del Estatuto Administrativo que afecta al Sector público de salud.

Tenemos claro que la movilización no puede ser convocada sin que haya sido anunciada en un plazo prefijado; la actividad de salud se cuenta entre los servicios esenciales, por lo que no cabe legalmente su suspensión absoluta, sino sólo su reducción. Teniendo en cuenta esto, la fijación del nivel de servicios mínimos que han de prestarse por el colectivo movilizado corresponde a la negociación que se realice entre el gremio y la autoridad, quienes a su vez están obligados a actuar según criterios racionales, fundamentados y objetivos, que garanticen la imprescindible atención de la población, pero que no restrinjan indebidamente el derecho a la movilización reconocido por la Constitución. Por tanto, la intensidad y extensión de, por ejemplo, la huelga, no son determinadas unilateralmente por la autoridad.

Del mismo modo, así como reconocemos las virtudes de quienes trabajan en el sector salud, también consideramos los principios que marcan nuestra ética del cuidar y atender a nuestros usuarios, entre otros, el principio de vulnerabilidad, el principio de dignidad, el de autonomía y el de integridad. Estos principios se pueden definir como aquellas bases pre-políticas que facilitan la existencia de un tipo de sociedad en que las personas son tratadas como sujetos de derechos y no como objetos.

En consecuencia, podemos decir que el ser humano no es autosuficiente, sino una unidad vulnerable que goza de integridad. Pero, su unidad no es absoluta ni inalterable, dado que está constantemente amenazada por elementos propios y ajenos: enfermedad, sufrimiento, vejez y muerte.

Por otro lado, el ser humano posee dignidad por el simple hecho de ser; dignidad que se encuentra incondicionalmente ligada a su naturaleza racional y libre. Desde este punto de vista, toda persona es digna de un amor y un respeto fundamentales, con independencia de sus condiciones singulares y de su particular actuación.

En cuanto a la autonomía, deberíamos distinguir distintos tipos y grados. Más allá de las simples distinciones entre seres autónomos y seres no autónomos, parece adecuado distinguir grados de autonomía, tales como, por ejemplo, funcional, moral u otra. Como sea que fuere, la finalidad última del cuidar es desarrollar la máxima autonomía de la persona que es atendida, pero ello sólo será posible con su contribución, con su voluntad y esfuerzo.

En relación a la integridad, este es uno de los principios básicos que caracterizan la ética del dar atención de salud. Por integridad de la persona entendemos la correcta ordenación de las partes del todo: el equilibrio y la armonía entre las diversas dimensiones de la existencia humana, necesarios para el buen funcionamiento de todo el organismo humano. Así pues, la integridad de una persona se expresa en una relación equilibrada entre los elementos corporales, psicológicos, sociales e intelectuales de su vida.

No podemos dejar de tener en cuenta que el paro de actividades tiende a presentarse como un fenómeno colectivo, gregario, en el que la dinámica de grupo tiende a prevalecer sobre la decisión individual y, de no ser un proceso de huelga justa y limitada, podemos vulnerar gravemente los principios que marcan a nuestra ética del cuidar y atender a nuestros usuarios, antes señalados.

Aquellos que sostienen que es siempre contrario a la ética que un profesional o trabajador de la salud suspenda sus servicios ―lo cual, en opinión de muchos, es la única arma eficaz de que se dispone cuando se rompe el diálogo―, corren el peligro de aceptar que la autoridad les “arrincone” en una posición de servidumbre, posición que les impide mantener su dignidad. Por otra parte, el deseo de no causar daños a los pacientes mediante la movilización puede traer como resultado el dañarlos mucho más, al quedar impedidos de hacer por ellos lo necesario en el futuro. Con lo que es irracional proponer que los profesionales y trabajadores de la salud permanezcamos ―como dijimos antes― “cruzados de brazos” mientras vemos cómo se degradan los requisitos de calidad, cómo disminuyen los presupuestos, o cómo se incrementa la intervención de extraños en la relación funcionario/paciente.

El rechazo de la movilización limitada es, en el fondo, una actitud atractiva e idealista, pero ineficaz en el contexto en que se desarrollan hoy las relaciones laborales, especialmente en el contexto público de salud, arrastrado por un déficit incontenible, que lucha por sobrevivir mediante la reducción de las camas, del personal clínico, y del racionamiento encubierto, en un ambiente material marcado por el deterioro insostenible de las infraestructuras e instalaciones, y, además, por un sistemático traspaso de fondos y prestaciones al sector privado cada vez más desarrollado.

Desde nuestro punto de vista, es éticamente aceptable la movilización como medio de alcanzar mejoras de infraestructura, equipamiento y abastecimiento hospitalario, acrecentamiento y respeto de lo derechos laborales y, también, reajustes salariales. No nos parece razonable pensar en hospitales donde coexiste la afluencia tecnológica con la pobreza de sueldos, o, a la inversa, donde los salarios sean de lujo mientras se degradan gravemente las instalaciones y los servicios; esto no es éticamente aceptable.

Nuestro gremio de profesionales no médicos es respetuoso del ser humano y, por ello, en el caso de conflictos laborales y de movilización organizada de los servicios, siempre tenemos presente que nuestra primera responsabilidad es atender a los intereses de los pacientes y, también, de nuestros asociados. Por tanto, nos hacemos un deber el coordinar y comunicar las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los cuidados que necesitan nuestros pacientes. Es así que vemos en toda movilización cómo un número grande de profesionales, al tiempo que inscriben su nombre en la lista de funcionarios en movilización, se mantienen trabajando en el Hospital, manifestando de tal forma su adhesión a las reivindicaciones que tratan de mejorar la atención de los pacientes, pero, sin abandonar sus deberes inmediatos hacia ellos; esto no se puede negar, pues es un hecho evidenciable de la causa.

En consecuencia, nuestro gremio aplica a cada movilización los principios éticos de la huelga justa, y ha delineado los requisitos exigibles para convocar toda movilización, a saber:

  • legítima autoridad, causa justa, finalidad pacífica, carácter de último recurso, éxito probable.

Y para llevarla a cabo:

  • uso de medios indispensables, proporcionados, respetuosos de la ley, y protectores del inocente,

De tal forma garantizamos que la movilización pueda ser tenida por justa.

Dejamos en claro que los profesionales no médicos del Hospital Carlos Van Buren, NO permitiremos que el Estado, a través de sus autoridades, abusen de su poder y obliguen a los profesionales, o a funcionario alguno, a trabajar en condiciones que debilitan la competencia o la humanidad de su servicio a los pacientes.

En este sentido, encontramos contradictorio que el Estado castigue, a través de su brazo judicial, a los servicios privados que tratan negligentemente a sus pacientes y trabajadores, y al mismo tiempo imponga, en su sistema de servicios de salud, condiciones de trabajo que equivalen a una negligencia institucionalizada.

Dra. EU Ma. Jalile Escobar Abufon

Dirigente

APRUS – HCVB

Valparaíso, 06 de febrero 2020.

Notas

1 El artículo 8° del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aplican a la materia en estudio.

El artículo 8° N° 1 dice: “Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a formar sindicatos y a afiliarse al de su elección con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”.

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